Jueves, 03 de marzo de 2005
El Gobierno suprime las entidades representativas del campo siete años después de su creación al carecer de competencias y no disponer apenas de patrimonio
La ilusión que generaron entre las organizaciones agrarias las primeras elecciones democráticas en el campo asturiano, en el año 1998, pronto dio paso a la decepción generalizada. La Cámara Agraria ha resultado una entidad vacía de competencias, sin capacidad de decisión y despojada del patrimonio de las extintas cámaras locales. En 2001, la baja participación en los segundos comicios -un 35 por ciento del censo- dejó claro que las elecciones no entusiasmaban a los 17.000 ganaderos que entonces formaban el censo. El golpe de gracia al declive de la Cámara Agraria lo ha puesto el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros en virtud del cual tanto las cámaras agrarias como las elecciones se convertirán en historia.
Oviedo, M. J. I.
La Cámara Agraria Provincial pronto pondrá punto y final a su corta historia de siete años. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley por el que se deroga la ley que establecía las bases del régimen jurídico de las cámaras agrarias en España. El Gobierno alega que las funciones que la ley de 1986 atribuye a estas entidades se han visto superadas.
En la Cámara Agraria de Asturias se sientan desde 1998, fecha de los primeros comicios democráticos en el campo, representantes de los sindicatos ASAJA, UCA y COAG. Mientras que ASAJA y UCA se muestran, básicamente, de acuerdo con la supresión de un organismo que a su modo de ver se encuentra vacío de contenido, COAG mantiene la posición más beligerante y ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley que elimina las cámaras.
El secretario general de este sindicato, Marino Fernández, actual presidente de la Cámara Agraria asturiana, explicó ayer que COAG es la que más pierde con el nuevo marco legal. Fernández considera que la desaparición de las elecciones agrarias no preocupa al resto de sindicatos, «que tienen garantizada su representatividad a través de la CEOE en el caso de ASAJA, y de la UGT en el de UCA». En cambio, según añade Fernández, COAG corre peligro de diluirse en el campo, sin la fuerza de los votos y sin otra entidad en la que apoyarse.
Las elecciones a las cámaras agrarias, que realmente sólo han servido para medir la representatividad de las organizaciones profesionales, ni siquiera se han celebrado de forma homogénea en toda España. El Gobierno estima que ese sistema de valoración de la representatividad puede y debe ser mejorado. El proyecto de ley establece un plazo máximo de tres años para promulgar la norma que regule un nuevo sistema para la determinación de la representatividad de las organizaciones agrarias. Hasta entonces, se tendrán en cuenta los resultados de las últimas elecciones en cada región. El texto también deja abierta la puerta a que las comunidades autónomas adopten las decisiones que consideren más convenientes en sus respectivos ámbitos.
Ramón Artime, presidente de ASAJA y que fuera el primer responsable de la Cámara asturiana, aseguró que la desaparición de la entidad es una reivindicación planteada hace tiempo por su sindicato. Agregó que «las cámaras quedaron sin contenido y sin función cuando nos quitaron el patrimonio de las cámaras locales; hacer elecciones solamente conlleva un elevado gasto para los sindicatos, era una ruina». Uno de los problemas que se encontraban los votantes a la hora de acudir a las urnas era la dispersión de las mesas electorales por los pueblos y aldeas de Asturias. Entre los planes del Gobierno figura la constitución de un consejo agrario nacional.
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El Principado se quedó con 37 inmuebles valorados en seis millones
Oviedo, M. J. I.
Aunque ya han pasado casi cinco años desde el que el Principado asumió el control del patrimonio de las desaparecidas cámaras agrarias locales, dirigentes agrarios de la región como el secretario general de COAG, Marino Fernández, aún no se resignan a reconocer la derrota frente a la Administración regional.
En octubre de 1998 los sindicatos agrarios mostraron su disconformidad ante el destino que la entonces Consejería de Agricultura pretendía dar a las propiedades de las cámaras, que consistía en traspasar la gestión de esos bienes a los ayuntamientos y al Gobierno del Principado.
Muchos de los locales han funcionado en los últimos tiempos como sedes de oficinas comarcales de la Consejería de Medio Rural. El Principado dispuso de ese patrimonio en virtud de un acuerdo que, a pesar de las protestas sindicales, se alcanzó con las organizaciones en marzo de 2000.
Desde entonces, algunas de las actuaciones en torno a los inmuebles han estado teñidas de polémica. Las organizaciones siempre se han mantenido unidas ante lo que denominan defensa del mantenimiento de un patrimonio que en su día fue adquirido por los agricultores y ganaderos asturianos.
El patrimonio de las antiguas cámaras agrarias locales de Asturias está formado por los 37 inmuebles que acogían las extintas cámaras locales, valorados en un importe superior a los seis millones de euros.
Los sindicatos agrarios siempre recuerdan que esos locales se pagaron con derramas realizadas por los agricultores y ganaderos de la región.
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Reclamación por los bienes
Oviedo, M. J. I.
Ramón Artime y Marino Fernández pasarán a la posteridad como los dos únicos presidentes, primero y segundo, de la Cámara Agraria Provincial de Asturias.
Sus mandatos guardan una clara similitud: la escasez de actividad desempeñada por un organismo que nunca ha contado con competencias ni recursos para tomar ninguna iniciativa.
Ramón Artime señala que uno de los objetivos será ahora defender con uñas y dientes el patrimonio propio de la Cámara Provincial, que incluye los locales que albergan la sede oficial en la ovetense sede de la calle Río San Pedro, unos bajos en la calle Comandante Vallespín y una finca en Soto de Cangas, en el concejo de Cangas de Onís.
ASAJA y COAG reivindican que pase lo que pase con la Cámara, ese patrimonio quede en su poder, como legítimos representantes de los ganaderos. Ramón Artime estima que esos bienes deben ponerse al servicio de las organizaciones, igual que los sindicatos de clase recibieron en su día locales en los que ubicar sus sedes.
En las primeras elecciones a la Cámara Agraria, en el año 1998, el sindicato ASAJA ganó al obtener 3.238 votos. UCA sacó 3.223 y COAG, por aquel entonces liderada por Ceferino Osendi, 2.834. El empate en número de vocales entre ASAJA y UCA, con nueve respectivamente, hizo necesario que se acudiese al cabeza de la lista más votada, en este caso Ramón Artime. Tras hacerse públicos los resultados de las elecciones, se barajó la posibilidad de que UCA y COAG, ambas de signo izquierdista, llegasen a un pacto, que no se materializó.
En 2001 la mayoría de votos fue para UCA, pero COAG tuvo más representantes y asumió la presidencia al abstenerse en la votación los vocales de ASAJA.
El número de reuniones que ha mantenido la Cámara Agraria desde que se constituyó en 1998 casi podría contarse con los dedos de una mano.
Fuente: LNE #837
03-03-2005
http://www.lne.es
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